En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada integrada por el ministro Jaime Vicente Meza, la fiscal judicial Mirta Zurita y el abogado (i) Nelson Ibacache descartó actuar ilegal y arbitrario del organismo y afectación de derechos fundamentales.
Sobre el cierre de la residencia, el tribunal estableció que la medida "se justifica en las competencias públicas que la Ley ha radicado, tanto en el Servicio Nacional de Menores como en los Tribunales de Justicia con competencia en materias de Familia. Lo anterior, sobre todo, habiéndose verificado falencias graves en el funcionamiento del Centro Residencial de Calbuco que han puesto en peligro la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes que allí han residido atendidas las inidóneas condiciones de habitabilidad que han sido constatadas en inobservancia al interés superior de aquéllos; no sólo por el Servicio Nacional de Menores, sino también, por el Tribunal".
Resolución que, además, consigna que la unidad de protección de derechos de la dirección regional del Sename realizó siete supervisiones técnicas diurnas y dos nocturnas de fin de semana al centro clausurado, "en las cuales constató deficiencias en infraestructura, calidad de vida y nivel de atención de los niños, niñas y adolescentes; tales como: falta de gestión técnica e instancias de participación de los residentes; falta de útiles de aseo; falta de higiene; falta de conservación del inmueble de la Residencia; falta de calefacción adecuada; falta de vigilancia de los residentes, quienes habrían concurrido a sus domicilios o al de terceros con pernoctación, pero sin autorización previa o información posterior del Tribunal; práctica de castigos consistentes en la privación de alimentación; encargadas de trato directo que fumarían en la calle dejando solos y sin cuidado a los residentes; falta de certificación de los manipuladores de alimentos; falta de insumos para situaciones de emergencia; falta de certificación sobre control de plagas; falta de actualización del plan de emergencias; falta de actividades recreativas; falta de apoyo para ejercicio de relación directa y regular de los residentes y; falta de coordinación para asistencia a atenciones de salud", detalla.
Asimismo, el Juzgado de Letras con competencia común de Calbuco realizó tres visitas ordinarias y una adicional extraordinaria, constatando las deficiencias, por lo que sugirió el cierre del centro residencial. Tras la clausura, el tribunal dispuso el traslado de 17 niños, niñas y adolescentes residentes, como medidas de protección resueltas en 15 procesos judiciales, más el egreso de dos.
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